El pasado 5 de abril de 2022, el Gobierno aprobó el texto del Anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con la finalidad principal, por un lado, de garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras de las relaciones entre entidades financieras y clientes, y por otro, de agilizar las vías extrajudiciales para la resolución individual de los conflictos que puedan surgir entre ellos.

No obstante, el Consejo de Consumidores y Usuarios de las asociaciones de consumidores representativas alegó que el Anteproyecto ponía una barrera a los consumidores que quisieran acceder a esta vía alternativa de resolución de conflictos, ya que, en la disposición adicional primera del borrador se recogía que tanto las “entidades financieras” como los “clientes”, tenían que abonar una tasa de 250 euros por reclamación admitida.